El Ministerio de Sanidad se comprometió a revisar antes de que termine 2026 el Real Decreto 903/2025, la norma que regula el uso medicinal del cannabis en España. Quedan menos de cuatro meses. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reconoció a comienzos de año que la regulación no ha cumplido las expectativas iniciales y dejó abierta la puerta a flexibilizar su aplicación «si es pertinente».
El circuito que existe hoy
El decreto, aprobado en Consejo de Ministros en octubre de 2025, sustituyó el sistema de autorizaciones excepcionales por un marco estable. La AEMPS publicó en enero de 2026 la monografía del Formulario Nacional que ordena la elaboración, lo que permite que distintos servicios de farmacia hospitalaria preparen lo mismo con los mismos criterios en lugar de improvisar centro a centro.
El circuito es estrecho por diseño. Prescriben solo médicos especialistas en el ámbito hospitalario, no los médicos de familia. La elaboración y la dispensación corresponden en exclusiva a servicios de farmacia hospitalaria autorizados. Las indicaciones recogidas son cuatro: espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, epilepsia refractaria grave, náuseas y vómitos por quimioterapia y dolor crónico resistente a los tratamientos convencionales. Y la forma farmacéutica disponible dentro del circuito regulado es una sola, la solución oleosa oral con THC, CBD o ambos. La flor no entra.
Para el lado industrial, las condiciones tampoco son ambiguas: los preparados estandarizados los fabrican laboratorios farmacéuticos con licencia, con registro en la AEMPS, normas GMP y un registro público que da trazabilidad a las fórmulas disponibles. Quien no cumple ese estándar no está en el mercado.
Qué está encima de la mesa
La revisión anunciada apunta a un punto concreto: dónde se dispensa. Sanidad ha planteado abrir la puerta a la farmacia comunitaria y, eventualmente, a atención primaria, con el argumento de acercar el tratamiento a pacientes de zonas rurales o con problemas de movilidad. La farmacia comunitaria lleva meses reivindicando ese papel. Desde el ámbito clínico, la Sociedad Española del Dolor ha señalado que las condiciones actuales dejan fuera a pacientes que encajarían en el perfil, sobre todo en dolor crónico refractario.
Padilla ha marcado el límite político con claridad: nada de esto es un paso hacia la regulación del uso recreativo. La revisión se plantea como un ajuste de acceso, no como un cambio de modelo.
Mientras tanto, el despliegue avanza de forma desigual. El andamiaje normativo se completó en plazo, pero el cuello de botella se ha trasladado a la práctica clínica y a la capacidad de cada comunidad autónoma para adaptar circuitos internos, formar personal y asumir la elaboración.
Lo que cambiaría para las empresas
- Volumen y previsión de demanda. Pasar del hospital a la red de farmacias comunitarias multiplica los puntos de dispensación y cambia por completo el dimensionado de producción y logística.
- La puerta de entrada no se mueve. Siga donde siga la dispensación, el fabricante autorizado con GMP y registro AEMPS sigue siendo el único proveedor posible. Quien no tenga esa acreditación en marcha llegará tarde.
- Formas farmacéuticas. El escenario relevante para la industria no es solo dónde se entrega, sino si la monografía se amplía más allá de la solución oleosa oral.
- Trazabilidad. El registro público de la AEMPS convierte la documentación de lote y la calidad analítica en argumento comercial, no en trámite.
- Calendario. Si la revisión se cierra en el último trimestre de 2026, las decisiones de inversión y los acuerdos de suministro se juegan en 2027.
Un tema para Bilbao
Hay una asimetría de fondo que explica el interés del sector. España lleva años cultivando cannabis para uso médico destinado casi por completo a la exportación —la AEMPS ha concedido más de 220 autorizaciones de cultivo desde 2018— mientras mantiene uno de los circuitos de acceso interno más estrechos de su entorno. Se produce aquí y se vende fuera. Esa es exactamente la conversación que interesa a productores, laboratorios, importadores y distribución.
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Fuentes: Ministerio de Sanidad y El Debate.